En el ámbito judicial federal, se ha ordenado que el procurador de Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodriguez Cortes, emita una respuesta definitiva en relación con la continuidad o cancelación del proyecto concerniente a los lobos marinos en las instalaciones del Acuario del Puerto de Veracruz. Esta sentencia se emite a pesar de las preocupaciones ambientales que indican la posibilidad de daño a esta especie marina.

José González Martínez, en su rol como presidente de la Asociación Veracruzana para la Conciencia Ambiental, destaca que esta situación podría resultar en violaciones legales y desafiar las políticas federales al poner en riesgo a una especie protegida. Además, enfatiza que la Procuraduría ha infringido el derecho de petición de la Asociación Veracruzana de Conciencia Ambiental, la cual había presentado una solicitud de cancelación desde el 22 de agosto a través del Departamento de Atención Ciudadana.
“Me permito pedirle encarecidamente se cancele este proyecto que pretende la exhibición de estos mamíferos (lobos marinos); individuos contemplados ya en sus legislaciones por diversos países del mundo como sujetos de derecho por ser seres sintientes”.
La Asociación Civil presentó una solicitud de amparo debido a la negativa de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA). Un juez federal en Boca del Río ha ordenado que la entidad atienda el derecho de petición y proporcione una respuesta con respecto a la continuidad o cancelación del proyecto del lobario. Esta decisión se basa en la premisa de que el Procurador no brinda información cuando promulga las políticas gubernamentales pero no las implementa, lo que resulta en una falta de transparencia.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los animales advierten que las instalaciones podrían convertirse en un lugar de maltrato, violando las leyes. Subrayan que desde el inicio, el proyecto iba en contra de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger especies en peligro.

El juez federal ha señalado claramente que la PMA ha violado el derecho de petición y ahora está obligada a responder sobre si continuará o cancelará el lobario, una vez que se lleve a cabo la audiencia programada por la autoridad jurisdiccional.