El Físico Matemático Bernardo Salas Mar, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ex trabajador de la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV), ha hecho públicas graves acusaciones en contra de la universidad nacional.

Salas Mar sostiene que la UNAM le ha prohibido realizar estudios radiológicos en la zona de Laguna Verde y le ha vetado la presentación de esos trabajos en congresos internacionales, además de haberse enfrentado a lo que califica como un hostigamiento sistemático por parte de autoridades académicas.

En sus declaraciones, Salas Mar afirma que el Dr. Víctor Manuel Velázquez Aguilar, director de la Facultad de Ciencias, le impidió llevar a cabo estudios ambientales en los alrededores de la CNLV y participar en encuentros internacionales para presentar sus hallazgos, argumentando que estas actividades no son de interés para la universidad.

Sin embargo, el investigador considera que estas prohibiciones carecen de justificación científica y obedecen más bien a decisiones arbitrarias que buscan intimidarlo para frenar sus investigaciones.

La denuncia de Salas va más allá de su enfrentamiento con Velázquez Aguilar. Recuerda que, durante la dirección de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien actualmente preside el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), también sufrió limitaciones que afectaron su carrera académica.

Salas asegura que Ruiz le retiró la Prima de Desempeño Académico (PRIDE) y que incluso intentó prohibirle viajar a congresos internacionales, como el organizado por el grupo BRICS en Brasil, a pesar de que fue invitado y cubierto financieramente por los organizadores.

A pesar de estas advertencias, Salas Mar asistió, gestionando un permiso sin goce de sueldo.

Salas Mar también relata que, aunque ganó un juicio laboral y se dictaminó su reinstalación con todos sus beneficios, la universidad ha evadido esta resolución judicial.

De acuerdo con su testimonio, le fueron retirados los equipos de medición necesarios para realizar su trabajo, equipos que, según él, solo podrían ser replicados por grandes empresas transnacionales y cuya adquisición fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, con un valor estimado en seis millones de pesos.

En una reciente sesión de mediación con el Lic. Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, coordinador de los asuntos de seguridad en la UNAM y cercano al actual rector, Leonardo Lomelí Vanegas, Salas Mar esperaba lograr un acuerdo. Sin embargo, el físico denuncia que sus argumentos fueron menospreciados y que Aguilar Tamayo lo amenazó con “aplicarle la normativa” si no aceptaba renunciar a sus derechos laborales. Esto, asegura Salas Mar, se traduce en una amenaza de rescisión de contrato, y cuestiona si esta postura refleja la voluntad del rector Lomelí Vanegas.

Salas Mar sostiene que su interés en la salud de la comunidad y en la seguridad de los trabajadores de Laguna Verde es la verdadera causa de la persecución en su contra. Reitera que, a pesar de los obstáculos, logró presentar en el congreso científico de Kuala Lumpur, Malasia, una investigación sobre las condiciones de los trabajadores radiológicamente expuestos en Laguna Verde. Sin embargo, la falta de apoyo institucional de la UNAM, asegura, ha sido persistente.

Al concluir su pronunciamiento, el investigador afirma sentirse perseguido dentro de la UNAM, comparando su situación con la persecución de los judíos en la Alemania Nazi. Con este crudo paralelo, Salas Mar denuncia lo que percibe como una falta de autonomía y un contubernio entre la universidad y las autoridades de Laguna Verde, quienes, según él, actúan sin rendir cuentas por los riesgos ambientales.

La UNAM, una institución que históricamente ha defendido su autonomía y el compromiso con la verdad científica, enfrenta así acusaciones de censura y represión contra uno de sus investigadores. Esta situación deja preguntas inquietantes sobre el manejo de las investigaciones científicas en México y el papel que juega la universidad en proteger el bienestar de la sociedad en temas de alto impacto, como la radiación en Laguna Verde. ¿Es posible que se esté limitando el alcance de investigaciones que tocan intereses sensibles? Y, de ser cierto, ¿hasta qué punto la universidad pública mexicana está siendo coherente con sus propios valores?