XALAPA, VER.,18 de Agosto, 2024.-La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó 27 casos de violencia sexual organizada que ocurrieron al interior de escuelas localizadas en 12 estados de la República; uno de estos se registró en el año 2022 en esta ciudad capital.

Las y los abogados de la Defensoría de los Derechos de la Infancia Asociación Civil, hicieron entrega del “Reporte 2024: Es un secreto la explotación sexual infantil en escuelas”, el cual se obtuvo de los casos litigados en representación de niños y niñas que han sido víctimas, y se documentó de datos obtenidos a través de peticiones de acceso a la información y revisión hemerográfica.

El reporte especifíca que los casos identificados cómo violencia sexual organizada en escuelas son notablemente distintos a las miles de víctimas de abuso sexual infantil cometido por un integrante del personal docente o administrativo en contra de alumnos.

En entrevista con la representante legal de la Defensoría de los Derechos de la Infancia Asociación Civil, Mariana Gil Bartomeuo explicó que la violencia sexual organizada “es inusual y extrema, en la que se involucra rituales, escenificaciones, disfraces y constantemente se registra el uso de cámaras durante las agresiones”.

La ODI informa que la violencia sexual organizada en escuelas se caracteriza por “Patrones delictivos y acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.

Gil Bartomeu refiere que en los casos detectados la agresión no es de un maestro contra un niño sino que son siete o 10 personas que trabajan en una misma escuela contra 20 o 40 niños.

“Estos casos cumplen un patrón; no es el caso de un maestro que abusó de una niña en el baño y ya, no. En estos casos hay una organización, una toma de la escuela para que se pudiera cometer, son muchos agresores y niñas víctimas”.

En el informe generado en el año 2021, sus dos actualizaciones del 2022 y 2023, y el reporte 2024 dan a conocer que dentro de las escuelas “participan grupos de personas agresoras organizadas para violentar sexualmente a múltiples víctimas en preescolares y primarias”.

El Reporte destaca que, mientras en 2021 se contabilizaron 18 escuelas en las que niños y niñas pequeños denunciaban violencia organizada, en 7 estados de la República; en 2024 se ha llegado a 27 casos documentados, en 12 entidades federativas.

“Lo que reportamos es que se utilizan las escuelas para hacer material de explotación sexual infantil y de abuso sexual infantil. No es que sea un delito diferente, es que no se está investigando cómo una violencia sexual organizada” aclaró.

En los casos atendidos en el año 2021, los niños y niñas víctimas refirieron que los agresores usaron disfraces, y los sedaron con algún medicamento, y recuerdan que fueron fotografiados.

“Para que entren en violencia sexual organizada es que sean más de cinco niños víctimas en una misma escuela, a veces del mismo salón, que participen más de dos agresores, haya presencia de cámaras, que los hayan sedado”.

Fue a partir del 2021 con la publicación del informe “Es un secreto la explotación sexual infantil en escuelas” cuando se logra que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una carpeta de investigación que involucra a 18 escuelas en 7 estados de la República en las que niños y niñas pequeños denunciaban violencia organizada.

“Tenemos sentencias de 400 años contra un maestro que le atañen 25 violaciones, pero la Fiscalía no investiga ¿Por qué ese maestro y el otro maestro y la otra maestra y la directora y el intendente, todos cometían esos abusos?” señala la directora de la ODI.

A 3 años que la FGR inició la investigación aun no se tiene un solo elemento de información útil para entender cómo, de manera reiterada en diversos estados de la República, se contratan a personas que delinquen conjuntamente dentro de un mismo plantel escolar.

La exigencia de las familias víctimas asesorados por la ODI es que no sólo se trata de un maestro agresor, sino que el resto del personal que labora en la escuela participaron, y esto habla que hay agresores directos, encubridores y facilitadores, detalló la abogada.

“Los demás maestros no sólo tenían conocimiento de la violencia sexual, sino que se ha detectado que hay una organización de tal manera que la maestra limpia (el lugar dónde se cometió el abuso), el intendente lleva (al menor); la directora está presente; la subdirectora está grabando” dijo.

La ODI refiere que a pesar de que en el primer informe entregado en el año 2021 logró abrir el debate y la indignación sobre la explotación sexual organizada de niñas y niños en escuelas, es evidente que los casos aumentaron de 18 a 27.

“Lo que reportamos es que se utilizan las escuelas para hacer material de explotación sexual infantil y de abuso sexual infantil. No es que sea un delito diferente es que no se está investigando cómo una violencia organizada.

Señala que la FGR no ha realizado investigaciones diligentes que permitan esclarecer que en las escuelas coincidan y actúe conjuntamente y de forma coordinada su personal para cometer estos delitos, menos aún cómo es que esto pasa en al menos 27 escuelas en 12 estados de la República.

“La Fiscalía tiene que investigar ¿Por qué están ahí los siete agresores? ¿Por qué llegaron ahí esos siete? ¿En qué año llegó cada uno? ¿Dónde trabajaban antes? ¿Dónde estudiaron? En redes sociales, en facebook ¿Son amigos? Estas investigaciones no las hace la Fiscalía”, indicó Gil Bartomeu.

La respuesta de las autoridades es señalar que lograron obtener de un juez de control siete sentencias, que todos fueron a la carcel por abuso sexual y violación, y son 400 años de castigo, pero hasta ahora la Fiscalía se ha negado a investigar ¿Por qué había siete agresores en una misma escuela? Y ¿Cómo entraron ahí a laborar? indicó la directora de la Defensoría.

La ODI refiere que en agosto de 2023, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió una orden judicial que, entre otras exigencias, señala 6 acciones específicas para la no repetición de este tipo de delitos, sin embargo la autoridad no ha dado cumplimiento.

Entre las acciones que debió implementar la SEP en las escuelas son establecer las condiciones institucionales para que se transparente la plantilla docente y administrativa.

La SEP tampoco ha dado a conocer cuáles son los procedimientos de contratación, y se niega a transparentar la información de las trayectorias laborales del personal que labora en cada una de las escuelas federales y estatales.

“A pesar de que la SEP cuenta con una orden judicial para prevenir la repetición de estos delitos, esta institución no ha acatado las órdenes judiciales” señala.

“En la página https://protegeles.odi.org.mx, se da cuenta de la campaña de prevención de explotación sexual en escuelas, creada por madres y padres de víctimas con acompañamiento de la ODI, llamada ¡Infórmate, infórmales y así les puedes proteger!”, enfatiza.

El reporte completo de esta denuncia lo harán público el próximo miércoles 28 de agosto, la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y Alta-Voz Social y Cultural, A.C., invitan a "Es un secreto", presentación del podcast y de la actualización 2024, del informe que documenta casos de explotación sexual infantil en escuelas públicas y privadas de México.

Los casos, recopilados desde 2001, revelan un patrón alarmante en el que no solo un agresor, sino personal escolar completo (desde directivos hasta personal de intendencia), coordina acciones para agredir masivamente a niños y niñas de entre 3 y 6 años, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, dice su comunicado.