Tiempos difíciles…Más que nunca eso son los días que estamos viviendo después del “gasolinazo” del primero de Enero. Y por supuesto, el malestar y el enojo de la población se han dejado sentir. Aparejado a este anuncio del alza del precio del combustible, desde diciembre nos estuvimos enterando (¡benditas redes sociales!) de los excesos de la clase gobernante: los bonos navideños, los lujos, los excesos de la familia presidencial.

En el caso de Veracruz, cerramos el año sin que ninguno de los cómplices del saqueo del erario público, y mucho menos la cabeza del grupo, el ex gobernador Duarte, rindieran cuentas ante la justicia, mientras muchos jefes de familia tuvieron una triste Navidad porque fueron despedidos o no recibieron oportunamente el pago de quincenas y aguinaldos.

La olla de presión de la indignación ciudadana ha empezado a reventar. Para colmo, el tardío mensaje presidencial que solicita “comprensión” a la población y anuncia que no habrá marcha atrás en la medida, fue el detonador de una expresión todavía mayor de repudio e inconformidad. Pero lo que hemos visto en estos dos últimos días, el saqueo de supermercados y otros centros comerciales, tiene, sin duda, otros móviles y otras intenciones.

La protesta social debe concebirse como un derecho ciudadano. Es, finalmente, un medio para manifestar y expresar opiniones e ideas, pero también para hacer públicos problemas o hechos que afectan el ejercicio pleno de otros derechos. Es un mecanismo de exigencia social que busca hacer visible una problemática que afecta a un colectivo, y con ello, subrayar la responsabilidad de las autoridades de atender a sus demandas y a sus necesidades.

En un contexto diferente al que hoy vivimos, realmente democrático, las autoridades tendrían la obligación de dar cauce a estas muestras de descontento, de atender los reclamos y de buscar las vías adecuadas para resolver sus causas. Nunca estaría dentro del ámbito de sus funciones, reprimir la protesta de manera violenta ni mucho menos, criminalizar su expresión.
Por eso es preocupante esta situación, donde existe la sospecha de que los vándalos que provocaron los desmanes en los centros comerciales fueron pagados por otra instancia diferente de la espontaneidad o la organización popular, pues revela una intención de “criminalizar” la protesta legítima para después, justificar su represión y sofocamiento.

Si a esto le sumamos las intenciones gubernamentales reveladas en las iniciativas de ley que serán discutidas próximamente en el Congreso, una relativa a “normalizar” la presencia de los militares en las calles y la otra a otorgar la capacidad a las autoridades municipales, estatales y federales de suspender las garantías individuales ante situaciones que se considere vulneren la seguridad nacional, entonces podemos entender el origen de los desmanes que acabamos de presenciar como un preámbulo para la justificación de la aprobación de estos dos ordenamientos, lo que implicaría ahora sí, la restricción o suspensión de todos los derechos y garantías ciudadanas, incluyendo la libre expresión de las ideas, la libertad de reunión y asociación y las de prensa y tránsito.

El país ha perdido el rumbo y particularmente las autoridades han olvidado cuál es el verdadero papel que les corresponde desempeñar: velar por el respeto a los derechos humanos y atender las necesidades de los ciudadanos. Ojalá y los ciudadanos podamos vencer los miedos, organizarnos, y transitar por cauces pacíficos para construir un futuro mejor para nuestros hijos, antes de que sea demasiado tarde.
¡Hasta mañana!