Por primera vez en muchos años, ha empezado a perfilarse desde el gobierno federal una verdadera política de atención a la infancia, definiendo 25 objetivos nacionales de derechos infantiles.
Se trata de una estrategia de largo plazo, perfilada por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que consiste en lograr en los próximos nueve años (de aquí al año 2025), el cumplimiento de 25 ambiciosas propuestas que tienen que ver básicamente con el combate a la pobreza, y la defensa de las garantías individuales de las niñas y los niños.
Es una tarea titánica, que trasciende a la presente administración y que para poder llevarse a cabo, requiere del concurso de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y, lo más importante, del acompañamiento de las familias y la sociedad entera.
Lo que se está esbozando con esta estrategia, aunque a los activistas de derechos infantiles les cueste creerlo y parezca casi un milagro, es una política nacional integral de derechos infantiles, que busca privilegiar el interés superior de la infancia, cumpliendo por fin con los planteamientos de la Convención de los Derechos de los Niños, nuestra Constitución Política y la Ley del ramo.
Los 25 objetivos nacionales presentados en favor de cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan por México son: Disminución de la pobreza moderada y reducir el grado de marginación en municipios con alto o muy alto nivel; reducir las condiciones culturales y estructurales que mantienen en exclusión a niñas, niños y adolescentes; promover la protección y defensa de sus derechos humanos; disminuir la discriminación de género y avanzar en la igualdad sustantiva; lograr su registro universal para hacer realidad su derecho a la identidad.
Asimismo, garantizar la supervivencia infantil; asegurar la cobertura universal de servicios de salud y seguridad social, también la de lactancia materna; garantizar la alimentación y nutrición adecuadas; la vivienda digna y la estructura de servicios; el acceso al agua potable; reducción de factores que promueven el embarazo adolescente; promover el derecho a una vida libre de violencia.
Además combatir al crimen organizado trasnacional que genera la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; ofrecer alternativas respecto al trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente; garantizar el acceso a una educación de calidad e inclusiva; aumentar los espacios culturales que estimulen su creatividad; garantizar el acceso a actividades lúdicas y deportivas; generar mecanismos para propiciar su participación permanente en todos los ámbitos; garantizar el acceso universal a Internet y a las tecnologías de la información.
De igual forma, promover el acceso de la niñez y la adolescencia a los medios de comunicación como generadores de nuevos contenidos; lograr la armonización legislativa de todo el orden jurídico mexicano a los principios constitucionales e internacionales de protección y garantía de derechos para niñas, niños y adolescentes; garantizar una mejor inversión presupuestal para la infancia; y garantizar el acceso prioritario de niñas, niños y adolescentes a la justicia integral.
¿Casi nada, eh? Ahora, esperamos que realmente se asuma el desafío y no quede todo en un anuncio espectacular, sin que se creen las condiciones políticas, presupuestales, normativas e institucionales para implementar la ambiciosa estrategia. Ojalá y se pueda lograr el tránsito de una mirada asistencialista que protege a los niños de los peligros, a una mirada de protección del ejercicio de sus derechos.
Lo único cierto es que mientras la dignidad y los derechos de las niñas y niños no sean cabalmente respetados, y sus necesidades atendidas con especial énfasis, no habrá esperanza ni futuro para nuestro país.
