XALAPA,VER.,15 de MAYO, 2025._La desaparición de Ignacio Córdova, conocido en círculos de protesta radical como “El Bruthal Death”, ha encendido una nueva crisis entre grupos sociales y autoridades en Xalapa. La incertidumbre en torno a su paradero ha generado movilizaciones urgentes y un creciente clima de tensión.

Todo se desencadenó el pasado jueves, cuando un grupo de activistas urbanos y luchadores sociales tomó las calles en una protesta que pronto se tornó violenta: realizaron pintas, rompieron vidrios y quemaron una motocicleta frente a las instalaciones del PRI estatal. Tras los disturbios, los participantes se dispersaron rápidamente, pero uno de ellos no volvió. De acuerdo con los manifestantes, Ignacio fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mientras se retiraban del lugar.

En un intento por obtener respuestas, integrantes de los colectivos se trasladaron al cuartel “Heriberto Jara Corona”, comúnmente conocido como San José. Allí, el personal aseguró que Córdova no se encontraba detenido. No obstante, una llamada al número de emergencias 911 reveló lo contrario: una voz en la línea confirmó que el activista había sido arrestado, contradiciendo la versión oficial y encendiendo la alarma entre sus compañeros.

Ante el silencio de las autoridades y la falta de información clara, los colectivos organizaron una manifestación frente al cuartel de San José. Cerraron la calle Aldama, justo frente a la entrada principal, alzando la voz para exigir la aparición con vida de su compañero. “El Bruthal Death”, como lo conocen, se convirtió en el símbolo de una lucha que ahora exige justicia inmediata.

Mientras tanto, el gobierno estatal no ha emitido ninguna postura pública. No hay boletines, ni declaraciones que aclaren la situación. La opacidad oficial ha alimentado la sospecha de que se está encubriendo una detención irregular, y ha transformado una protesta agresiva en un clamor angustiante: ¿Dónde está Ignacio Córdova?

Para los colectivos, la desaparición no es un hecho aislado, sino reflejo de una maquinaria institucional que reprime y borra del mapa a quienes levantan la voz. El caso ha expuesto, una vez más, la fragilidad de los derechos humanos en un entorno donde el silencio oficial pesa más que cualquier explicación.