ÁLAMO,VER.,19 de MARZO,2025._La noche del martes, un grupo de vecinos del fraccionamiento Villas de San Clemente, se congregó frente a las instalaciones de la Policía Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para denunciar que elementos de esta corporación ingresaron sin permiso a la vivienda de Santos Hernández Hernández y causaron destrozos en el contexto de un supuesto desalojo. Los residentes exigieron que se ponga fin a estos abusos.

El afectado explicó que el conflicto surge de una disputa con una entidad bancaria por la adquisición del inmueble. Según mencionó, ha efectuado pagos por un monto total de 380 mil pesos, de los cuales aproximadamente 30 mil fueron acreditados a la deuda, mientras que el resto se asignó al pago de intereses, lo que consideró desproporcionado. Insistió en que los oficiales estatales entraron a su hogar sin mostrar ninguna orden judicial ni contar con la presencia de un representante legal.

Santos Hernández relató que los uniformados irrumpieron en su domicilio ubicado en la calle Villa Alegre, forzaron la chapa de una de las puertas y ocasionaron diversos daños mientras intentaban sacar los muebles. Sin embargo, sus vecinos intervinieron rápidamente y evitaron que se llevara a cabo la acción, lo que obligó a los agentes a retirarse sin completar el desalojo.

Para expresar su descontento, Santos Hernández y un grupo de habitantes acudieron la misma noche a la base de la Policía Estatal, en el ejido Estero del Ídolo. A pesar de ello, no se les permitió ingresar y fueron atendidos en la calle, en completa oscuridad, frente al acceso principal del recinto. Un oficial identificado como Eduardo Rodríguez San Martín indicó que el comandante llevaba cinco días fuera por descanso y solo recibió la queja por escrito tras un extenso intercambio de palabras.

Durante la discusión, el agente argumentó que quienes entraron a la vivienda pertenecían a la Policía Municipal y responsabilizó al gobierno local liderado por la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta. No obstante, los manifestantes afirmaron tener fotografías y videos que evidencian que los involucrados eran elementos de la Policía Estatal. Ante estas pruebas, el oficial reconoció que el Ayuntamiento había solicitado apoyo para una diligencia del Juzgado Municipal.

Tras aproximadamente tres horas de protesta, los inconformes se retiraron cerca de la medianoche. Santos Hernández informó que este miércoles acudiría al Juzgado Municipal para esclarecer su situación. Además, advirtió que si los abusos continúan, volverán a la base de la Policía Estatal y no descartan interponer una denuncia penal por allanamiento y daños.

“La Policía llegó con violencia. Comenzaron a sacar mis pertenencias, pero gracias al apoyo de mis vecinos logramos impedirlo y se vieron obligados a marcharse”, declaró en entrevista. Recalcó que en ningún momento los agentes presentaron documentación que justificara su acción ni una orden de desalojo, y tampoco se hizo presente un actuario o representante del juzgado.

“No mostraron ningún papel, simplemente entraron de manera arbitraria. Me dijeron que ejecutaban un desalojo por instrucción del banco, pero no exhibieron ninguna orden. Todo esto se debe a una deuda con Bancomer, pero nunca explicaron nada claramente, solo insistieron en que traían una orden que jamás mostraron”, enfatizó.

El afectado afirmó que ha residido en esa vivienda por más de treinta años y, aunque reconoce ciertos retrasos en los pagos, está dispuesto a llegar a un acuerdo. “Si existe una forma de solucionar esto, estamos abiertos al diálogo, pero en ningún momento nos dieron la posibilidad de negociar. Solo entraron de manera abrupta y eso no es correcto. Dijeron que traían a una licenciada con ellos, pero se escondió y nunca dio la cara”, concluyó.