XALAPA,VER.,22 de ENERO, 2024._Una retahíla de inconsistencias, omisiones, dilaciones y violaciones a los derechos humanos han enmarcado las audiencias y juicios a cargo del juez de control del Distrito de Jalacingo, Fernando Velasco Luna y su auxiliar de sala, Eder Rivera Rodríguez, los cuales han retrasado la aplicación de la justicia y mantenido a Jorge “N”, privado de la libertad desde agosto de 2021, a través de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, indicó el abogado defensor Erick Hoyos Aponte De La Luna.


Del año 2021 a la fecha, la Persona Privada de la Libertad (PPL) Jorge N ha estado en nueve audiencias de revisión de medidas cautelares ante un Juez del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y en ninguna la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas para justificar la prisión preventiva oficiosa.


Los hechos se remontan al año 2019, cuando en el municipio de Perote se origina una riña en la que participan cuatro varones, entre ellos el señalado Jorge N; al momento de la disputa se suman vecinos y la madre de uno de los rijosos.


Mientras se peleaban, la víctima una mujer con edad aproximada a los 50 años fue lesionada por herida de bala, trasladada a un hospital de Xalapa en donde falleció.

Dos años después, en agosto del 2021, la FGE ejecutó una orden de aprehensión en contra de Jorge N por el presunto delito de homicidio; a partir de entonces comenzaron una serie de anomalías, dilaciones, errores y violaciones a los derechos humanos del señalado, afirmó Erick Hoyos.


El director general de Grupo CIMA Abogados, Erick Hoyos aclaró que comenzaron a representar a Jorge N cuando el proceso iba en la etapa intermedia, y aunque en los últimos años habían mantenido el caso fuera del foco mediático; las violaciones al debido proceso han sido recurrentes, así que han preferido actuar para proteger sus derechos y libertad.

“Jorge tenía una medida cautelar de prisión preventiva impuesta por un juez de control, al término de unos meses pasa a ser prisión preventiva justificada”.


El abogado defensor acusó que el juez del Poder Judicial del Estado de Veracruz, cómo los del Poder Judicial Federal han actuado con parcialidad, y citó de ejemplo que la jueza del Decimoquinto Distrito, con sede en Xalapa, Arianna Escobar Fernández, tardó dos años en resolver el amparo y dar la razón a la defensa de Jorge “N”.

“Tomó dos años a la Juzgadora de Amparo darnos la razón, dos años desde el día 1 hasta el 16 agosto del 2024. En estos dos años accionamos más demandas de amparo que se acumularon en el Juzgado de Distrito que recayeron en los números 1172/2023 y 256/2024”, detalló.

En la resolución de sentencia de amparo, la jueza federal determinó que el Juez de Control de Jalacingo transgredió diferentes derechos fundamentales a Jorge N en la imposición de prisión preventiva justificada.

“La Jueza federal dice al juez: cuando impusiste la medida cautelar a Jorge N transgrediste las reglas del procedimiento, porque no se le ha juzgado dentro de un plazo razonable; se ha incumplido con los plazos procesales mismos que han entorpecido el proceso penal”.


Sin embargo, aun cuando habían obtenido un amparo federal el 16 de agosto del 2024, Jorge N no pudo recuperar su libertad porque las y los empleados del Poder Judicial Federal iniciaron un paro laboral a nivel nacional, que se prolongó hasta 17 diciembre del mismo año; lo que impidió hacer efectiva la determinación de la Jueza federal, Arianna Escobar Fernández.


“Y nos dicen en el Poder Judicial Federal: Espérennos, no se pueden correr términos porque nos vamos a un paro nacional para defender nuestros derechos”.



Fue hasta el 17 de diciembre del 2024 cuando se corre el término del amparo, y el Juez de Control de Jalacingo informa que la Fiscalía no presentó ningún tipo de recurso ante el amparo concedido a Jorge N.


Al respecto, la Jueza federal responde “efectivamente ya le corrió el término a la Fiscalía y debe causar ejecutoria esta sentencia que yo realicé”.


Pero, una vez más el recurso de amparo federal que obtuvo Jorge N desde agosto no se hizo efectivo en diciembre porque el personal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz salió de vacaciones.


“Se privilegian las vacaciones y nos dicen espérense a enero 2025 para dar cumplimiento a la sentencia de amparo”, recordó.

UN JUEZ INCLINADO A FAVOR DE LA FGE

El abogado informó que el pasado 09 de enero esperaban que el Juez de Control de Jalacingo, diera cumplimiento a la sentencia de amparo federal, pero se encontraron con otro obstáculo.

Ese día, el Poder Judicial del Estado de Veracruz argumentó que el Auxiliar de Sala de Jalacingo, Eder Rivera Rodríguez con fecha del 14 de enero del 2025 firmó un oficio para imponerse por el juez que tenía a su cargo el proceso penal de Jorge N.


“Eder Rivera dice: Consejo de la Judicatura, el Juez que tu comisionaste no es el que debe ser. Consejo de la Judicatura te digo que debe ser un juez diverso porque yo aquí estoy imponiéndome del contenido. De manera increíble, el Consejo de la Judicatura lo toma a cuenta, nos cambia nuevamente de juez, lo que perjudica de manera directa a que la audiencia de amparo se celebre”, explicó el abogado.


Desde del 16 de agosto del 2024 en que una Jueza del Poder Judicial de la Federación concedió el amparo a Jorge hasta la fecha, ningún Juez del Poder Judicial de Veracruz ha celebrado la audiencia para dar cumplimiento a la sentencia.


“Es enero 22, no tenemos fecha de la audiencia para que den cumplimiento a la sentencia de amparo del Poder Judicial de la Federación” dijo.

En la actualidad, la situación jurídica de Jorge N es que se encuentra sentenciado de manera condenatoria a 20 años de prisión.

“Estamos en la etapa de la apelación; acudimos a la segunda instancia al Tribunal de Alzada de Xalapa porque el juicio fue completamente violatorio de derechos humanos de Jorge” dijo.


El abogado informó que la firma Cima prepara una denuncia en contra del Juez de Control Fernando Velasco Luna, y el auxiliar Eder Rivera porque han mostrado inclinación hacia la FGE.

“Nos topamos con un juez Fernando Velasco Luna que estamos preparando la denuncia en contra de él, y es un juez totalmente parcial, decantado, inclinado total para la Fiscalía, y no se pronuncia ni siquiera en su sentencia en las inconsistencias que sucedieron durante el desahogo del juicio” detalló.

El juicio de desahogo debió celebrarse en mayo del 2023 y fue hasta agosto del 2024, lo que representan15 meses de dilación sin justificación alguna.

“Y las dilaciones son porque se cambió de juez, qué porque la fiscalía no llegaba a la audiencia, que no llegaron los testigos y todo el tiempo Jorge N privado de la libertad, sin que se realice el juicio”.

INCONSISTENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA FGE

En estos dos años últimos años, los abogados defensores de CIMA han reunido medios probatorios que se imponen ante las acusaciones de la FGE en contra de Jorge N.

Citó de ejemplo que la Fiscalía presentó como testigos a los dos hijos de la mujer víctima; sin embargo, uno de ellos falleció en el tiempo que lleva este proceso penal, y la FGE leyó la entrevista previa que hicieron en vida, y ahí se contradice contra su hermano en sus dichos.


“Es discrepante en sus dichos. Según la
Fiscalía hubo más de 10 personas que presenciaron el hecho del que se le viene acusando a Jorge. Un hijo de la victima directa, dice que hubo tal número de automóviles y de tales colores; el otro dice que no era ese número, ni el color ni el número de personas. Uno señala que más de tres personas dispararon en contra de su madre”, dijo.


En cambio, ante el Juez de Control la firma de Abogados Cima presentó a un testigo que asegura haber estado en el lugar de los hechos, y que todo quedó grabado en sus cámaras de videovigilancia, pero las imágenes no fueron requeridas por la FGE.


“Un testigo de nosotros que continúa viviendo en frente del lugar de los hechos dice: yo tengo cámaras de video vigilancia en mi casa, los policías ministeriales me preguntaron si tenia cámaras, les enseñé las videograbaciones y no quisieron llevárselas”, declaró la testigo ante el juez.

Otra omisión es que la escena de los hechos fue manipulada al cien por ciento, debido a que los Servicios Periciales tardaron más de una hora en acudir a levantar los casquillos del arma, antes de que las autoridades llegaran, los ciudadanos que estaban en el lugar, se los llevaron.

Otro error que encontraron los abogados, fue que el medico forense encargado de hacer la necropsia de ley a la víctima en este caso la mujer que perdió la vida en un delito de homicidio, resultó que no tenía la especialidad en Medicina Legal Forense que exige la ley.


“El médico nos comenta que él ya se había jubilado o renunciado a la FGE, dice que no quería ir a la audiencia y que fue obligado por los policías ministeriales. Ahí dice que él examinó a una personas con una edad de 25 a 30 años en la necropsia; cuando la victima, la señora tenía más de 60 años de edad. Eso no le importo al juez, no tomó en cuenta que hay una diferencia de 30 años”.

Otra situación fue que la FGE solicitó al medico forense que apareje con fotografías la necropsia que realizó, y ahí informó que no existe ni una sola fotografía en el dictamen de necropsia, sólo hay dos hojas sin datos.



“Eso el juez no lo quiso tomar en cuenta, la diligencia debe llevar datos, fotografías”, dijo el abogado.


Otra situación ocurrió cuando la FGE llevó a un perito en balística; durante una de las audiencias, los abogados defensores demostraron ante el Juez de Control que no tenía los estudios profesionales, sino que era un administrador de empresas, pese a esta circunstancia la autoridad desestimó y no dio valor a las pruebas.


Cuando solicitan los medios de prueba balísticos. Debido a que los hechos ocurren en Perote, trasladan con vida a la víctima a un hospital de Xalapa. Los médicos retiraron la ojiva del cuerpo, lo entregaron a la trabajadora social y a su vez hizo un reporte escrito y la da a los policías ministeriales de la FGE.


“La trabajadora social entrega por escrito la ojiva a los policías ministeriales y la FGE perdió la ojiva, nunca fue puesta a la vista para conocerla, fue ofertada como prueba material y no pudo desahogarse, no se pudo incorporar, porque no existe” finalizó el abogado.