Por medio de un comunicado la Organización “Católicas por el Derecho a Decidir”, junto a otras organizaciones locales acusaron que hasta el momento el Gobierno de Veracruz no ha dado cumplimiento a las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.

En el marco del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, organizaciones no gubernamentales se sumaron a la postura de “Católicas por el Derecho a Decidir”, denunciando que en Veracruz no ha presentado avances en el cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en junio de este año por el incumplimiento.

Hace nueve meses, se acordó que las organizaciones peticionarias fueran incorporadas fueron sumadas a dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la AVG, sin embargo no solo no hay avances, solo se han reunido dos vece para atender el caso.

Mientras tanto las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que de enero de 2018 a agosto de 2019 se registraron 309 casos de abuso sexual y 375 denuncias por violación, mientras que 35 mujeres fueron denunciadas por aborto, convirtiéndose en el tercer estado con la cifra más alta de mujeres que criminalizadas por abortar.
Por lo anterior convocaron al Gobierno de Veracruz a realizar mesas de trabajo y diálogo con las organizaciones peticionarias para dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.

“El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez tiene hoy la oportunidad de demostrar su compromiso con los derechos y la salud reproductiva de las mujeres. A las autoridades de Salud local a garantizar que los centros de salud brinden servicios de Interrupción Legal del Embarazo a mujeres y niñas que los soliciten”.

Realizaron un llamado la ciudadanía para que exija al gobierno del estado a cumplir con su obligación de proteger la salud reproductiva de mujeres y niñas veracruzanas, la garantía de sus derechos no puede seguir postergándose, por lo que, si continúa esta situación, las organizaciones peticionarias de la AVG seguiran buscando los recursos legales para que las autoridades cumplan con las recomendaciones.