Habitantes de la comunidad Los Mangos denunciaron durante una asamblea presuntas irregularidades y amenazas atribuidas a funcionarios de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, a quienes acusaron de intentar imponer empresas constructoras para ejecutar obras financiadas con recursos del gobierno federal.

En una transmisión en vivo de la reunión, en la que participaron más de 200 habitantes, los pobladores señalaron directamente a funcionarios de la delegación de Bienestar en Xalapa, encabezada por Juan Javier Gómez Cazarín, de recomendar y presionar para que los Comités de Obra acepten determinadas empresas.

De acuerdo con los testimonios expuestos durante la asamblea, representantes de constructoras vinculadas con funcionarios de Bienestar habrían ofrecido entre 80 mil y 200 mil pesos a integrantes de los comités, a cambio de que autorizaran la contratación de determinadas empresas para realizar las obras.

Uno de los habitantes relató que rechazó una propuesta de 80 mil pesos y cuestionó ante sus compañeros si su decisión había sido correcta.

“Se los repito: Yo no acepto sobornos de nadie, ni de Bienestar, ni de Cazarín o qué sé yo, porque ya se los expliqué, esa constructora me quería dar 80 mil, pero lo estaba recomendando Bienestar y yo no la acepté, ahora ustedes díganme ¿hice correcto o los estoy traicionando? Eso no va conmigo”, señaló un poblador y mostró unos documentos.

Los asistentes respaldaron su postura y respondieron: “esta bien que lo des a conocer, y no aceptes nada. Viejos corruptos”.

El mismo vecino explicó que esa situación originó su inconformidad con el Comité de Obra.

“Ese el motivo por el por qué ahorita no jalo yo con el comité, ésa es la inconformidad, porque yo no acepto a que me den 50 mil pesos”, enfatizó el poblador.

Durante la reunión, otro de los asistentes acusó a una persona identificada como “el ingeniero Roger” de ofrecer 200 mil pesos para que el Comité de Obra firmara un contrato a favor de una constructora determinada.

“Roger pide moches, porque la primera vez que vino ¿Cuánto creen que me ofreció a mí el ingeniero Roger? 200 mil pesos”, dijo un segundo vecino.

Ante los señalamientos, los habitantes plantearon quién debería encargarse de ejecutar la obra pública. Desde el grupo de asistentes surgió una propuesta respaldada por los presentes.

“Que sea Saga. Saga, que sea Saga, que la haga Saga”.

Otro de los participantes sostuvo que la decisión sobre la empresa constructora debe corresponder a los habitantes y no ser impuesta por funcionarios.

“Siempre dije que la elección la hagamos todos y que nos equivoquemos juntos, que todos elijamos, y que sea parejo. Aquí se va a haber si Bienestar va a validar la constructora Saga que eligió el pueblo. Damos por terminado esto señores”.

Los pobladores también acusaron a Servidores de la Nación de presuntamente intervenir en la integración y decisiones de los Comités de Obra Pública de comunidades como Los Mangos, Santa Rosa Loma Larga, Nacaxtle, Loma de Sogotegoyo, Tierra Nueva y El Aguacate, entre otras.

Según los habitantes, la presunta imposición de constructoras estaría relacionada con el director regional de Bienestar en la zona sur, Jesús Córdobas Salas, a quien señalaron de pretender definir las empresas que realizarán obras en municipios como Catemaco, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Hueyapan de Ocampo, además de otras comunidades de las sierras indígenas Popoluca y Náhuatl.

Los inconformes también denunciaron que, cuando los Comités de Obra rechazan las empresas propuestas, reciben advertencias relacionadas con la posibilidad de perder los beneficios de los programas.

“O palomeamos la empresa que nos mandan o amenazan en quitarnos el programa, porque según el pueblo no sabe comprobar el recurso”.

Los habitantes señalaron que esta problemática no sería exclusiva de Hueyapan de Ocampo. Recordaron que integrantes de Comités de Obra del municipio de Coatepec, vinculados al programa La Escuela es Nuestra, también han denunciado presuntas presiones de funcionarios de la Secretaría de Bienestar para aceptar determinadas empresas constructoras