Ahora que el Congreso de Veracruz aprobó la Declaración de Procedencia contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos serían separados temporalmente del cargo para enfrentar las investigaciones en su contra y sus respectivos suplentes asumirían las presidencias municipales.

Así lo informó el secretario de la Comisión Permanente Instructora, Ramón Díaz Ávila, quien explicó que el 5 de agosto, a las 16:00 horas, el Pleno de la LXVII Legislatura celebró una sesión extraordinaria de carácter reservado para resolver si retira o no la inmunidad procesal a ambos presidentes municipales.

Precisó que para aprobar la Declaración de Procedencia es necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los 50 diputados que integran el Congreso local.

El legislador señaló que, durante el análisis de los expedientes, la Comisión Instructora revisó las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía General del Estado (FGE) como por las defensas de los alcaldes, y en los dictámenes se incluyeron garantías para proteger sus derechos mientras enfrentan el proceso.

“Después de escuchar a la Fiscalía, revisar los expedientes y analizar las pruebas señaladas tanto por la parte acusadora como por las defensas, consideramos viable la petición. Les dimos las garantías de que pudiera entrar sus suplentes, que serían llamados a suplir, sí el Pleno convertido en jurado de procedencia determina que si deben estar sin fuero para atender a la Fiscalía”.

Díaz Ávila explicó que, al tratarse de suplentes electos por el mismo partido político, no habría necesidad de desaparecer los ayuntamientos ni de nombrar Concejos Municipales.

En el caso de Ixhuatlán del Sureste sería llamada Juliana Ruiz Martínez, suplente de Raúl González Martínez, mientras que en Úrsulo Galván asumiría Pedro de Jesús Rosado Guzmán, suplente de Bertín Bravo Montero.

“Los suplentes deberían asumir el cargo. Nosotros no cuestionamos su origen político”, expresó.

El diputado del Partido del Trabajo subrayó que una eventual aprobación de la Declaración de Procedencia no implica que los alcaldes sean declarados culpables, sino únicamente que perderían la protección constitucional para comparecer ante la Fiscalía y enfrentar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, indicó que, si al concluir el proceso judicial no existe una resolución que les impida ejercer funciones públicas, ambos ediles podrán reincorporarse a sus cargos.

“Cuando termine esta situación ante la Fiscalía, tienen todo derecho a regresar a ocupar sus encargos por los que fueron electos. Como Comisión dimos dos garantías a favor de los implicados, porque no somos quienes para señalar si son culpables o no”.

Ramón Díaz Ávila insistió en que la función de la Comisión Instructora se limita a analizar la procedencia de retirar el fuero constitucional y no a determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos.

La Comisión Permanente Instructora está integrada por Facundo Fernández de la Cruz, presidente; Ramón Díaz Ávila, secretario, y Felipe Pineda Barradas, vocal.

Las solicitudes de Declaración de Procedencia fueron presentadas por la Fiscalía General del Estado el pasado 6 de julio ante las comisiones de Gobernación e Instructora del Congreso local.

La FGE investiga al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, por su presunta participación en la desaparición y homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, hechos ocurridos el 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital.

En tanto, el presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, es investigado por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo de 2026 cuando se dirigían a una propiedad del edil ubicada en Barra de Chachalacas.