La defensa del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, sostuvo que la Carpeta de Investigación integrada por la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de elementos que acrediten su presunta participación en la desaparición y homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, al señalar que el expediente se sustenta en la declaración de un “testigo de oídas” y que la supuesta fotografía con la que se pretende relacionarlo con el caso no obra dentro de las pruebas.

La tarde de este jueves 30 de julio de 2026, el edil compareció ante la Comisión Instructora de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado para presentar alegatos y medios de prueba, como parte del procedimiento derivado de la solicitud de declaración de procedencia promovida por la FGE. Acudió acompañado por sus abogados Erik Basto Morales, Julio César Rosas Salazar e Izaskum Moreno Navarro.

Al término de una audiencia que se prolongó por alrededor de cinco horas, tanto el presidente municipal como sus representantes legales insistieron en que el expediente no contiene pruebas que lo vinculen con la privación ilegal de la libertad y el homicidio de Roxana Guzmán, quien fue sustraída de su domicilio en Nanchital el pasado 2 de junio de 2026.

El alcalde aseguró que al revisar la carpeta no encontró señalamientos directos en su contra y cuestionó la incorporación de un sobre con información que, afirmó, conocieron hasta el último momento.

“He venido al Congreso, he dicho que soy inocente y en esa carpeta cuando la tuve a la vista no hay señalamiento de ninguna persona, no hay nada que me incrimine a excepto de un sobre amarillo que tuvimos que abrirlo en el último día”, explicó.

Asimismo, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que revise el contenido del expediente, al considerar que las acusaciones deben sustentarse en pruebas.

“Creo en las instituciones. Hoy insto a nuestra presidenta de la República para qué así como ella lo manifiesta que ´Hay que tener pruebas para poder acusar a alguien´; le pido que mande a alguien para poder imponerse de esta Carpeta, en donde se me pretende por oídas de terceros, vincular en una doble declaración del Delta 1”.

Durante la explicación ofrecida por la defensa, se indicó que la carpeta contiene dos declaraciones atribuidas a José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 1”. De acuerdo con los abogados, la primera, fechada el 2 de julio, no hace referencia alguna al alcalde, mientras que en una segunda declaración, realizada el 3 de julio, el detenido afirma que otra persona le comentó haber escuchado que el edil supuestamente pidió a un individuo identificado como “Shelby” privar de la libertad a la comunicadora.

El abogado Julio César Rosas Salazar afirmó que dicho señalamiento constituye un testimonio indirecto, ya que el declarante no asegura haber presenciado los hechos.

“Señala que un tercero dijo haber escuchado al alcalde y que por la fotografía tenían que levantarla, pero no existe esa fotografía en el expediente, es un testigo de oídas, testigo que escuchó de un tercero; pero no se trata de un tercero que se haya percatado que estaba el alcalde con Shelby y dio la indicación, él (Delta 1) escuchó de otra persona que le dijo”, explicó.

Tras concluir la audiencia ante los diputados integrantes de la Comisión Instructora —presidida por Facundo Fernández de la Cruz, con Ramón Díaz Ávila como secretario y Felipe Pineda Barradas como vocal—, Raúl González manifestó su confianza en que el procedimiento se resuelva con imparcialidad.

“Yo quiero creer en las instituciones, quiero creer que en México y en Veracruz hay imparcialidad y que se puede ejercer justicia para todos, de forma no personal”.

Por su parte, el abogado Erick Basto señaló que la primera ocasión en que revisaron el expediente les fue informado que existía un sobre clasificado como confidencial, cuyo contenido no pudieron conocer. En una revisión posterior, dijo, el sobre ya había sido abierto y en su interior se encontraba la declaración atribuida a “Delta 1”.

“El sobre no se abrió en nuestra presencia, ya cuando llegamos estaba abierto el sobre; no sabemos si esa declaración fue introducida después o ya estaba, porque en los primeros días no nos dieron acceso al sobre, solo decían que había información confidencial a la que no teníamos acceso; y ya luego venimos y nos dicen aquí hay un sobre que ya lo abrimos y aquí esta esa declaración y es la del Delta 1”, indicó.

Añadió que dentro de ese sobre aparecían ambas declaraciones del mismo testigo.

“Este Delta 1 declara el 2 de julio, y 15 horas después el 3 de julio ya está declarando de nuevo y ahora dice que escuchó algo”, expresó.

La abogada Izaskum Moreno Navarro sostuvo que otro de los argumentos expuestos durante la audiencia fue la inexistencia de la fotografía en la que presuntamente aparece el alcalde portando un arma de fuego tipo “Cuerno de Chivo”, imagen que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría motivado la privación ilegal de la comunicadora.

Indicó que el teléfono celular de Roxana Guzmán no forma parte de la carpeta de investigación y tampoco existe un dictamen pericial que confirme la existencia de dicha imagen o que ésta hubiera sido tomada por la periodista.

“En el dispositivo de la periodista no está agregado dentro de la carpeta de investigación no hay ningún peritaje que pueda arrojar que existió esa fotografía y que fue tomada de parte de la reportera…(SIC) no existe la foto, no existe el nexo causal de la supuesta declaración, no hay nada”, afirmaron.

Los abogados también señalaron que ninguna de las personas detenidas por este caso responsabiliza directamente al alcalde de haber ordenado la desaparición de Roxana Guzmán. Agregaron que los imputados enfrentan procesos por delitos distintos, relacionados con ataques a las instituciones de seguridad pública y delitos contra la salud, pero no por la privación ilegal de la libertad y el homicidio de la comunicadora.

“Son diversas carpetas de investigación. Quiero puntualizar que son procesos diversos que no están en este proceso. Son procesos diversos contra las instituciones de Seguridad Pública y contra la Salud, y esos detenidos hacen declaraciones respecto del homicidio de la reportera, pero esos detenidos no están siendo procesados y se supone que ellos fueron los autores materiales del homicidio”, afirmaron los abogados.

La solicitud de desafuero contra Raúl González Martínez fue presentada el pasado 6 de julio de 2026 por el fiscal encargado de la Subunidad Integral de Impartición de Justicia de Nanchital, Iván Hernández González, ante la LXVII Legislatura local, con el propósito de que el Congreso determine si existen elementos para retirarle la protección constitucional y permitir que enfrente el proceso penal correspondiente