Este jueves 30 julio los presidentes municipales de Ixhuatlán y Úrsulo Galván que enfrentan un proceso de desafuero, deberán presentarse a comparecer ante la Comisión Instructora de la LXVII legislatura local o en su caso enviar a sus defensores legales.

La Comisión Instructora está integrada por los legisladores; presidente Facundo Fernández de la Cruz; secretario, Ramón Díaz Ávila; y vocal, Felipe Pineda Barradas.

Apenas el martes 28 julio 2026, a las 17:00 horas acudió al congreso local, el alcalde Raúl González, para entregar por escrito sus medios de prueba, debido a que se le sigue un proceso de desafuero porque es señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de presuntamente estar involucrado en la desaparición y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán.

En el caso del Bertin Bravo, no se presentó personalmente y envió a uno de sus abogados a entregar las pruebas. El alcalde de Úrsulo Galván es investigado por la FGE por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el pasado 14 de mayo, cuando se dirigieron a una propiedad del munícipe, ubicada en Barra de Chachalacas.

Por la noche del mismo martes 28 julio, se celebró una reunión a la que asistieron los diputados locales, Facundo Fernández de la Cruz, Ramón Díaz Ávila, y Felipe Pineda Barradas, que tras revisar los medios de prueba de los alcaldes señalados, ordenaron que se les notificará del emplazamiento con fecha del jueves 30 julio.

Citarlos a comparecer ante los diputados de la Comisión Instructora, forma parte de las etapas que componen la declaracion de procedencia que solicitó la FGE.

Con base en los alegatos y medios de prueba que serán analizados por la Comisión Instructora, se habrá de elaborar los dictámenes sobre las solicitudes de declaración de procedencia, para retirarles el fuero constitucional de presidentes municipales.

La Fiscalía General del Estado solicitó a la LXVII legislatura local, que a los dos presidentes municipales se les retire la inmunidad procesal, para estar en condiciones de proceder penalmente en su contra.La próxima semana en los primeros días de agosto 2026, la LXVII legislatura podría definir si hay los elementos necesarios para retirarles la inmunidad procesal o el fuero que les da protección.

Empleados municipales de Ixhuatlán del Sureste, afirmaron haber recibido el documento que cita al alcalde Raúl González Martínez a comparecer el jueves.

“Están citando al alcalde para mañana, para que acuda a comparecer con la Comisión Instructora”, confirmaron.

¿En qué consisten las comparecencias?

Durante las comparecencias, los presidentes municipales involucrados o sus representantes legales tendrán la oportunidad de ampliar los argumentos que previamente presentaron por escrito, además de responder a los señalamientos contenidos en las solicitudes de declaración de procedencia y aportar las pruebas o elementos que consideren pertinentes para sustentar su defensa.

Una vez concluidas las audiencias, la Comisión Instructora continuará con el análisis de las pruebas y los alegatos para elaborar un dictamen individual por cada uno de los procedimientos.

En dichos documentos se determinará si existen elementos suficientes para considerar procedente el retiro de la inmunidad constitucional de los alcaldes o, por el contrario, si las solicitudes promovidas por la Fiscalía General del Estado deben ser desechadas.

La función de la Comisión Instructora no consiste en establecer la culpabilidad o inocencia de Raúl González Martínez y Norberto Bravo Montero respecto de los delitos que se les imputan, sino únicamente en definir si existen las condiciones legales para retirarles el fuero constitucional que les otorga el cargo que desempeñan.

En caso de que alguno de los dictámenes sea favorable a la declaración de procedencia, el expediente será turnado a la Presidencia del Congreso local para continuar con el proceso legislativo y ser sometido a consideración del Pleno, integrado por los 50 diputados.

Si la mayoría de los legisladores aprueba el desafuero, la Fiscalía podrá ejercer acción penal en contra del servidor público involucrado. En cambio, si la solicitud no prospera, el presidente municipal conservará la inmunidad procesal mientras permanezca en funciones.

Se prevé que los dictámenes sean presentados durante la sesión de la Diputación Permanente programada para el próximo martes, fecha en la que también podría convocarse a un periodo extraordinario para que el Pleno del Congreso resuelva ambos procedimientos.