Los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, respectivamente, fueron emplazados por la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz para comparecer este jueves 30 de julio dentro de los procedimientos de desafuero promovidos en su contra.

Las audiencias servirán para que ambos ediles presenten pruebas y alegatos antes de que los diputados elaboren los dictámenes correspondientes y determinen si existen elementos para retirarles la protección constitucional.

González Martínez acudió personalmente el martes 28 de julio al Palacio Legislativo acompañado de sus abogados, quienes entregaron documentos y argumentos para responder a los señalamientos formulados por la Fiscalía.

En contraste, Bravo Montero no acudió de manera personal a las instalaciones del Congreso y fueron sus representantes legales quienes presentaron los escritos y elementos correspondientes para su defensa.

La Fiscalía relaciona al alcalde de Ixhuatlán del Sureste con una investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, mientras que al edil de Úrsulo Galván lo vincula con la desaparición del empresario Héctor Ramos y su escolta, Ignacio López.

Los integrantes de la Comisión Instructora se reunieron la noche del martes, aprobaron los acuerdos respectivos y solicitaron que los emplazamientos fueran notificados a los ayuntamientos. En Ixhuatlán del Sureste, personal municipal confirmó la recepción del documento dirigido a González Martínez.

“Están citando al Alcalde para mañana, para que venga a comparecer con la Comisión Instructora”, informaron desde el Ayuntamiento.

Durante las audiencias, los alcaldes o sus abogados podrán ampliar los argumentos que ya fueron presentados, responder a los señalamientos de la Fiscalía y aportar los elementos que consideren pertinentes para su defensa.

Una vez concluidas estas diligencias, la Comisión Instructora deberá analizar las pruebas y alegatos para elaborar un dictamen individual por cada procedimiento. Su función no consiste en determinar la responsabilidad penal de los funcionarios, sino establecer si existen condiciones para retirarles la inmunidad procesal.

Si los dictámenes establecen que ha lugar a proceder, serán enviados a la Presidencia del Congreso para continuar el trámite legislativo y posteriormente someterse a consideración de los 50 diputados. La previsión es que los documentos sean presentados durante la sesión de la Diputación Permanente del martes siguiente, cuando también podría convocarse a un periodo extraordinario del Pleno.