El Congreso del Estado de Veracruz dio un nuevo paso en los procedimientos de declaración de procedencia promovidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.

Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales determinaron que existen elementos suficientes para dar continuidad a ambos expedientes, por lo que los dictámenes fueron enviados a la Comisión Permanente Instructora.

Será este órgano legislativo el encargado de revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía, recibir la defensa de ambos presidentes municipales y emitir un dictamen para que el Pleno decida si retira o no la inmunidad procesal.

Caso de Ixhuatlán del Sureste

En el expediente correspondiente a Raúl González Martínez, la solicitud fue presentada por el fiscal de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XXI Distrito Judicial, con sede en Nanchital, Iván Hernández González, dentro de la carpeta de investigación NLC/DXXI/F1258/2026.

El objetivo es que, en caso de aprobarse la Declaración de Procedencia, la Fiscalía pueda ejercer acción penal conforme a las disposiciones previstas en la Constitución local y en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Veracruz.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste ni el alcalde han emitido un posicionamiento público respecto al avance del procedimiento.

Investigación en Úrsulo Galván

En el caso de Bertín Bravo Montero, la Fiscalía lo relaciona con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo en Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván.

De acuerdo con el expediente legislativo, el empresario acudió al domicilio del alcalde después de haber sido citado para reunirse con una persona identificada por la investigación como jefe de plaza.

La carpeta de investigación señala que cámaras de videovigilancia registraron la llegada de la camioneta en la que viajaban ambas víctimas, aunque no existen imágenes de su salida. Asimismo, los registros telefónicos ubicaron durante aproximadamente tres horas los teléfonos celulares del empresario, su escolta y el alcalde en la misma zona.

La investigación también integra el testimonio de un familiar del empresario, quien declaró que días después de la desaparición el presidente municipal le solicitó la factura de la camioneta.

Tienen siete días para responder

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Naomi Edith Gómez Santos, informó que ambos alcaldes ya fueron notificados y cuentan con siete días para responder a los señalamientos mediante un escrito o compareciendo ante la Comisión Instructora.

"Ya se les notificó y ahora tienen 7 días para responder a lo que a derecho corresponda", informó la legisladora.

En caso de que el Congreso apruebe la Declaración de Procedencia con mayoría calificada, los ediles perderían el fuero constitucional y quedarían sujetos a las actuaciones de la autoridad competente, mientras que el Cabildo tendría que designar a un encargado del Ayuntamiento hasta que se resuelva su situación jurídica. Si posteriormente son exonerados, podrán recuperar el cargo.