El Congreso de Veracruz aprobó una reforma a la Constitución local que modifica las reglas para promover la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede solicitar la conclusión anticipada del cargo por pérdida de confianza.

El dictamen fue avalado con 39 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, alcanzando la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución del estado. La reforma será aplicable a la actual gobernadora, Rocío Nahle García, cuyo periodo constitucional comprende del 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2030.

La propuesta, presentada por el diputado del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, modifica el inciso b) de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz e incorpora nuevos requisitos para que la ciudadanía pueda iniciar este procedimiento.

Uno de los principales cambios consiste en reducir de dos meses a un mes el periodo para reunir las firmas de apoyo. Para la actual administración estatal, dicho plazo comprendería del 1 al 30 de noviembre de 2027, antes de que concluya el tercer año de gobierno.

Además, la solicitud deberá contar con el respaldo de al menos el 10 por ciento de la lista nominal electoral del estado, equivalente a aproximadamente 750 mil firmas, de acuerdo con el corte de enero de 2026. Asimismo, estos apoyos deberán estar distribuidos en 107 de los 212 municipios, con un mínimo del tres por ciento de la lista nominal en cada uno.

El dictamen también establece que la solicitud deberá presentarse ante la autoridad electoral dentro de los tres meses posteriores al tercer año de gobierno. Una vez recibida, el organismo contará con 30 días naturales para verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la legislación secundaria.

Durante la discusión, legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde defendieron la reforma al señalar que fortalece la certeza jurídica del mecanismo y garantiza una representación territorial adecuada en el respaldo ciudadano.

En contraste, diputados del PAN, Movimiento Ciudadano y PRI votaron en contra al considerar que los nuevos requisitos dificultan el ejercicio de la participación ciudadana y elevan los llamados "candados" para activar una eventual revocación de mandato. Tras su aprobación, el proyecto fue turnado a los ayuntamientos para continuar el procedimiento constitucional y, posteriormente, el Congreso deberá expedir la legislación secundaria en un plazo máximo de 180 días naturales.