Dirigentes de más de 60 sindicatos que representan a trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos descentralizados en Veracruz, solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García ante lo que califican como un abuso por parte del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), al aplicar reducciones de hasta un 40 por ciento en el pago de pensiones a empleados estatales que inician su proceso de jubilación.

De acuerdo con los representantes sindicales, esta medida comenzó a aplicarse desde 2024 con la nueva administración del instituto y se intensificó durante 2025, sin que hasta el momento exista una explicación clara que justifique el criterio utilizado. Señalaron que la única respuesta oficial ha sido que dicha disposición se encuentra contemplada en la Ley de Pensiones y que simplemente se está aplicando conforme a lo establecido.

En representación de las organizaciones sindicales, Elsy Hernández Cárdenas, secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, informó que a pesar de diversas reuniones sostenidas con el director del IPE, no se ha logrado avanzar en la solución del problema, lo que ha generado creciente inconformidad entre la base trabajadora.

Ante ello, los sindicatos solicitaron una reunión directa con la mandataria estatal, así como con el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández, y con el director del IPE, Luis Octavio Hernández Lara, a fin de revisar el impacto de esta medida.

“Hemos solicitado una mesa de trabajo porque nuestra base trabajadora, incorporados y afiliados al Instituto de Pensiones del Estado, están sufriendo un ajuste de hasta un 40 % de reducción en el monto del salario base de cotización, del último año cotizado de los trabajadores al momento de obtener una pensión”, aseguró la dirigente sindical.

Explicó que esta disposición comenzó a aplicarse a finales de 2024, independientemente de que muchos trabajadores ingresaron al servicio público antes de la reforma de la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado, publicada el 21 de julio de 2014, e incluso bajo la vigencia de legislaciones anteriores como las leyes 5 y 20.

“Apelamos al sentido de humanidad de la Gobernadora de Veracruz, queremos que nos escuche y sobre todo que estamos solicitando que se regrese el criterio de aplicación de irse y de respetar el último salario base de cotización del trabajador al 100% una vez que cumpla los 30 años de servicio o cuando acredite la edad señalada en la presente ley por trabajadores que tienen 36 años de servicio donde ya han cotizado incluso más de los años establecidos en ley y que aún así están siendo afectados por este promedio que de manera indiscriminada de un día a otro sin ser informados ni notificados, mucho menos que se explicara el porqué se da luego de la salida de la ahora alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos”, añadió.

La representante sindical indicó que el pasado 9 de junio entregaron un oficio dirigido a la gobernadora, recibido oficialmente el 15 de junio por la Oficina de Correspondencia, en el cual exponen las afectaciones derivadas de la aplicación del denominado salario regulador contemplado en la Ley 287.

Precisó que el impacto alcanza a trabajadores de distintas dependencias estatales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos autónomos como la Universidad Veracruzana, personal del sector salud y docentes del sistema educativo estatal.

La preocupación entre las dirigencias sindicales radica en que cerca del 50 por ciento de la base trabajadora ya cumplió o está próxima a cumplir los 30 años de servicio requeridos para iniciar el trámite de jubilación, situación que ha provocado que muchos empleados decidan posponer ese proceso ante el temor de recibir pensiones considerablemente reducidas.

Detallaron que en algunos casos las reducciones alcanzan el 27 por ciento, mientras que en el sector magisterial los descuentos llegan hasta el 40 por ciento del salario base de cotización.

Como ejemplo, mencionaron el caso de una trabajadora de Sefiplan identificada como Lucila, quien tras recibir un ascenso y mejorar sus percepciones salariales pasó de ganar 14 mil 566 pesos mensuales; sin embargo, al iniciar su trámite de jubilación, el IPE únicamente le reconoció una base salarial de 10 mil 509 pesos para calcular el monto de su pensión