XALAPA,VER.,9 de DICIEMBRE,2025._El Congreso de Veracruz concretó este martes el proceso para renovar la Fiscalía General del Estado, luego de que la gobernadora Rocío Nahle enviara su propuesta para ocupar el cargo. Con el respaldo de legisladores opositores, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre fue designada como nueva fiscal, en un ejercicio que aplicó por primera vez el modelo previsto en la reforma constitucional que fortalece la intervención del Ejecutivo en estos nombramientos.

Designación de la nueva fiscal

La votación se llevó a cabo horas después de que el pleno recibiera la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, activando el mecanismo recientemente incorporado a la Constitución local. En el tablero se registraron 40 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, cifra que permitió alcanzar la mayoría calificada señalada en el artículo 67. Desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se reiteró que la propuesta enviada por el Ejecutivo cumplía con los perfiles técnicos y legales.

El Legislativo ordenó notificar su resolución a los poderes Ejecutivo y Judicial, además de instruir su publicación en la Gaceta Oficial. También se integró una comisión especial de cinco diputados encargados de recibir y conducir al recinto legislativo a la nueva titular de la Fiscalía. Al reanudarse la sesión, Jiménez Aguirre tomó protesta para un periodo de cuatro años, aunque solicitó licencia por un año al cargo de magistrada.

Entre quienes se abstuvieron estuvieron los panistas Delfín López, Luz Alicia y Fernando Yunes, mientras que los votos en contra provinieron de MC, con la diputada María Elena Córdova, y del PAN, incluyendo a Enrique Cambranis, Ana Rosa Valdez, Héctor Yunes Landa e Indira Rosales San Román. Entre los votos a favor figuraron opositores como el diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, además de integrantes del PVEM y Morena.

Críticas de Movimiento Ciudadano

La diputada de MC, Elena Córdova Molina, adelantó desde tribuna que su bancada se opondría al nombramiento. Sostuvo que el esquema derivado de las reformas impulsadas por Morena y sus aliados no garantiza independencia institucional y profundiza la desconfianza social en la procuración de justicia.

La legisladora recalcó que su postura no se dirigía contra la persona propuesta, sino contra el procedimiento en sí. “El método define la autonomía”, subrayó, insistiendo en que este modelo limita cualquier garantía real de independencia.

Córdova Molina conectó la discusión actual con los resultados del periodo que concluye la Fiscalía, señalando que el descrédito social responde a un ciclo completo de fallas estructurales. “La ciudadanía perdió confianza porque la institución dejó profundas heridas”, afirmó.

Recordó como ejemplo el caso del delito de ultrajes a la autoridad, calificado como un abuso tan grave que requirió la intervención de la Suprema Corte, la cual declaró la figura como inconstitucional. También mencionó la detención de José Manuel del Río Virgen, al que describió como “proceso construido políticamente” que evidenció decisiones tomadas por consigna. A su juicio, durante esos años la Fiscalía “seleccionó a quién perseguir y a quién proteger”, dejando múltiples expedientes sin avance.

Postura del diputado Héctor Yunes Landa

En otro bloque de intervenciones, Héctor Yunes Landa, del grupo mixto “Veracruz nos Une”, argumentó que el nombramiento reproduce una estructura de subordinación al Ejecutivo. Aseguró que el proceso presenta “dos fallas de origen”, que derivan —dijo— en lo que llamó la “doctrina del fruto envenenado”.

Su primer señalamiento apuntó a la reforma constitucional aprobada para evitar repetir lo ocurrido el 4 de septiembre de 2019. Consideró que, pese a ese objetivo, el nuevo modelo elimina autonomía y convierte a la Fiscalía en un órgano alineado al gabinete estatal, por lo que cualquier consecuencia recaerá directamente sobre el gobierno de la entidad.

El legislador también cuestionó el perfil de la propuesta. Recordó que, en su etapa como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, su secretario particular fue acusado de vender resoluciones, y que ella buscó la reelección sin obtener apoyo ciudadano. Mencionó que apenas días antes la propia magistrada afirmó no aspirar a la Fiscalía.

Yunes añadió que, durante su experiencia en el Poder Judicial, solicitó reuniones para impulsar el programa Veracruzano Inocente —destinado a revisar casos de personas encarceladas sin sentencia—, pero no obtuvo respuesta. Relató que entregó un escrito solicitando instrucciones para que los jueces revisaran de oficio esos expedientes, pero la respuesta fue “el silencio”.

Intervenciones del PAN: posiciones divididas

La diputada panista Indira Rosales San Román señaló que la fiscal saliente encabezó la dependencia entre 2019 y 2025, periodo que mantuvo índices de impunidad superiores al 90%, según cifras de México Evalúa. Afirmó que el organismo operó bajo criterios políticos y calificó su salida como necesaria.

Desde tribuna, Rosales envió un mensaje a la nueva fiscal, resaltando que asumía la mayor responsabilidad de su carrera y advirtiendo que el Congreso vigilaría su desempeño. También expresó que su bancada recibió “con agrado” la renuncia de Hernández Giadáns.

Por su parte, el diputado Fernando Yunes Márquez abrió su intervención planteando que la remoción de la fiscal era inevitable. Aunque evitó emitir juicios personales sobre la persona propuesta, sostuvo que la nueva titular deberá definir si rompe con prácticas de persecución política o restablece la institucionalidad.

Advirtió que enfrentará una Fiscalía con rezago y con un estado que “clama justicia”, con víctimas y familias que exigen resultados. Finalmente, anunció que apoyaría el nombramiento, aunque reiteró su desacuerdo con la reforma que modificó el proceso de designación.

Defensa de Morena y PVEM

En respuesta a las críticas, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez defendió la legalidad del proceso y la idoneidad de la propuesta. Señaló que la Fiscalía es clave para la paz en Veracruz y que se requiere una persona con amplio conocimiento del sistema judicial y de la integración de carpetas de investigación.

Argumentó que contar con una funcionaria que ha impartido justicia desde el Poder Judicial garantiza mayor solidez en las investigaciones y evita la llamada “puerta giratoria”. Aseguró que no existe una “fiscal carnal”, ya que el equilibrio se establece mediante la votación de dos terceras partes del Congreso.

El legislador recordó que Jiménez Aguirre participó en la elección ciudadana de jueces de este año, obteniendo el mayor respaldo en materia penal, lo que, dijo, refuerza su legitimidad.

El diputado Paul Martínez complementó esa postura señalando que la aspirante reúne conocimientos en derecho penal, procesal penal y criminología, además de haber sido jueza de control, magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Afirmó que su perfil combina teoría y práctica, requisito para encabezar una institución que enfrenta retos de inseguridad y desigualdad.

Añadió que su bancada respalda la designación porque confían en que implementará una gestión cercana a la ciudadanía, donde la justicia se ejerza como un derecho y no como un privilegio.