La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que el país está agotado de vivir bajo el temor constante, lo cual se refleja en el hartazgo de estudiantes, jóvenes, personal médico, enfermeras, trabajadores del Poder Judicial, transportistas y productores del campo.

El dirigente empresarial Juan José Sierra señaló que la extorsión está arrinconando a los empresarios del país. Afirmó que este delito está provocando el cierre de empleos, el abandono de zonas completas, la deformación de distintos mercados y un desplazamiento forzado que avanza de manera silenciosa.

Al presentar un posicionamiento en torno al panorama de seguridad, la Coparmex recordó que la violencia diaria sigue creciendo, como lo evidencian los sucesos dolorosos que se conocen todos los días. Sierra subrayó que la extorsión asfixia las economías locales, mientras la impunidad alimenta la indignación social y la falta de Estado de derecho abre espacios que nunca debieron perderse.

El organismo empresarial sostuvo que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y las manifestaciones que se han desencadenado desde entonces, muestran un profundo malestar social que abarca generaciones, sectores laborales y diversas regiones del país.

De acuerdo con cifras presentadas por la cúpula patronal, en lo que va del año se han contabilizado 8 mil 585 personas víctimas de extorsión en México, un aumento del 5.2%. Añadió que en 43 municipios de la zona fronteriza, este delito se disparó 15.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sierra advirtió que estas estadísticas no contemplan la llamada cifra negra, es decir, los casos que no se denuncian por desconfianza, temor a represalias o sospechas de complicidad entre autoridades y delincuencia, lo que permite que la extorsión avance sin freno, sin castigo y sin una reacción proporcional del Estado.

El representante de la Coparmex insistió en que la extorsión está destruyendo a las micro y pequeñas empresas, consideradas el motor productivo de México. Asimismo, hizo un llamado directo a los Poderes del Ejecutivo Federal, al Senado y a los gobiernos estatales para que el país cuente con un Estado que actúe.

Dijo que corresponde al gobierno federal encabezar una estrategia nacional integral contra la extorsión, diseñada con visión de Estado y alejada de ciclos electorales, partidos o intereses particulares, con el fin de desmantelar las redes de complicidad que sostienen la impunidad.