“Fue un desalojo sin diálogo”, declaró Alejandro Trujillo, agente municipal de Villa Allende, después de conocer el comunicado oficial y la advertencia de posibles denuncias. Cuestionó el operativo y afirmó que los habitantes realizaron una manifestación legítima ante los años de afectaciones derivadas del basurero. Señaló que los vecinos solicitaron una fecha concreta para el cierre definitivo del tiradero, sin obtener respuesta de las autoridades. “No hablaron con nadie, simplemente retiraron a la gente para que siguieran depositando basura”, lamentó.

El agente municipal expuso que la comunidad sufre consecuencias graves debido a que en el basurero se arrojan residuos domésticos, comerciales e incluso hospitalarios. Indicó que los lixiviados contaminan lagunas, mantos freáticos y el agua que llega a las viviendas. Comentó además que el olor impregna la ropa y que hay personas con afecciones en la piel y problemas respiratorios. Recordó que el sitio ya había sido clausurado por instancias federales y que los sellos fueron violados. “La Constitución garantiza el derecho a protestar y a proteger la salud. Cuando hay daño ambiental o sanitario, también procede presentar denuncias”, sostuvo.

Trujillo añadió que Greenpeace, SEMARNAT, la PMA y otros organismos han documentado la situación sin que hasta ahora se haya ofrecido una solución. Subrayó que especialistas de la UNAM confirmaron los daños ecológicos y advirtieron que podrían agravarse con el paso de los años. Aseguró además que, pese a la amenaza de acciones legales, la autoridad auxiliar de Villa Allende seguirá respaldando a la ciudadanía. “Vamos a apoyar a nuestra gente. Si la población decide denunciar, estaremos para atenderlos. El problema afecta a todo Allende y eventualmente las consecuencias serán evidentes para todos”, concluyó.

Horas antes, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos había difundido un comunicado en el que anunció que interpondrá denuncias contra quienes participaron en el bloqueo iniciado el 13 de noviembre en el acceso al basurero de Villa Allende. La administración municipal acusó a los manifestantes de impedir la entrada de los camiones recolectores al tiradero, lo que generó retrasos en la recolección de desechos en toda la ciudad.

En el documento, el Gobierno local informó que un operativo conjunto de la Policía Estatal, Policía Municipal, Política Regional, Gobernación y el área de Limpia Pública permitió reabrir el acceso al sitio autorizado. Las autoridades justificaron la acción bajo el argumento de “proteger un bien humano mayor” y adelantaron que reforzarán las rutas de recolección para retirar los residuos acumulados tanto en Coatzacoalcos como en Villa Allende.

Además, el Ayuntamiento aseguró que procederá legalmente contra ciudadanos y servidores públicos que, según su versión, respaldaron el bloqueo y usaron un predio en Rabón Grande para depositar basura, provocando daños ambientales y riesgos a la salud pública. La situación, afirmaron, derivó en la necesidad de restablecer el ingreso al tiradero durante el operativo del viernes por la noche, lo que desencadenó una nueva confrontación con la comunidad.

Finalmente, el desalojo ejecutado el viernes por la noche en el acceso al basurero volvió a detonar tensiones entre habitantes de Villa Allende y el Gobierno municipal, que insiste en que la intervención fue necesaria. La comunidad, sin embargo, rechaza la versión oficial y sostiene que la protesta surgió ante años de abandono y contaminación sin respuesta efectiva de las autoridades.