Ambos carriles del puente que une Boca del Río con Paso del Toro y Alvarado permanecen cerrados, luego de que un contingente de choferes que trabajan mediante aplicaciones digitales realizara un bloqueo en protesta. La interrupción vehicular en ambos sentidos generó un severo congestionamiento en la zona, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para redirigir la circulación.

Los manifestantes señalaron que la multa que se les impone por ofrecer traslados en vehículos particulares —al ser considerada una actividad de transporte público sin autorización— alcanza los 150 mil pesos. Calificaron esa cantidad como inalcanzable para la mayoría de los operadores y reclamaron que la sanción es injusta y carece de sustento, recordando que en otras entidades del país este servicio está permitido.

De acuerdo con los conductores, las autoridades estatales están realizando operativos disfrazados, ya que solicitan viajes mediante las aplicaciones y, al llegar al destino, varias patrullas de distintas corporaciones los rodean para retenerles sus unidades. Aseguraron que este método es arbitrario y que forma parte de una estrategia para acorralarlos y enviarlos al corralón.

Un operador afectado denunció que, tras ser interceptado, lo obligaron a descender del automóvil y lo sometieron sin justificación. Señaló que el cierre del puente busca que las autoridades los escuchen y que su unidad les sea devuelta: “Te piden un viaje, llegas y te rodean con patrullas. Eso no es legal; queremos que nos atiendan y me regresen mi carro”.

La tarde de este jueves, decenas de automovilistas que laboran con plataformas como InDriver y Didi se concentraron en el puente para exigir que se respete su derecho a trabajar. La protesta inició después de que uno de sus compañeros fuera detenido durante un operativo de Tránsito Estatal y su vehículo remitido al corralón.

Los inconformes advirtieron que no se retirarán hasta que la unidad asegurada sea entregada nuevamente a su propietario. Afirmaron que la retención representa un abuso y una violación a su derecho a laborar, pues insisten en que, a nivel nacional, el servicio mediante aplicaciones está permitido.

Otro de los participantes recordó que algunos conductores ya han pasado por procesos legales después de operativos anteriores, pero fueron exonerados debido a que se determinó que dichas detenciones no procedían. “La sanción es de 150 mil pesos, más el arrastre y el corralón. Hoy no lo llevaron a prisión porque los fiscales revisaron la ley y no aplica”, comentó.

Alrededor de 80 personas que durante cinco años se han dedicado al traslado de pasajeros a través de aplicaciones se sumaron al bloqueo. Indicaron que su mayor preocupación es que estas acciones se repitan: “Hoy fue uno, mañana seremos más. No somos delincuentes. Pagamos impuestos, tenemos seguro y aun así nos detienen”.