El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito ratificó que Gina “N”, ex titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del Gobierno de Veracruz, deberá enfrentar juicio por presuntos desvíos cometidos durante su administración. La resolución se dio al confirmar el amparo en revisión 120/2025, derivado del juicio de amparo indirecto 95/2024. El Tribunal también aclaró que la exfuncionaria se encuentra actualmente en libertad, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no pidió la extensión de las medidas cautelares impuestas en su contra. “Al concluir la obligación de firma periódica en 2024, la Fiscalía no solicitó su prórroga, por lo que el juez de control decidió levantar dicha medida”, se indicó.

Según la investigación, entre diciembre de 2010 y febrero de 2014, Gina “N” realizó convenios de manera verbal y de hecho con distintos medios de comunicación, sin contratos formales ni dictámenes de suficiencia presupuestal. La FGE sostiene que esos pagos carecían de justificación y no se reportaron en la integración de la Cuenta Pública, pese a que era su responsabilidad hacerlo al tramitar los pagos y ejercer los recursos.

En 2017, la Fiscalía del Estado presentó cargos en su contra, argumentando que los convenios con medios fueron realizados sin respaldo documental. “Celebró acuerdos verbales sin que existiera un decreto presupuestal autorizado”, se lee en la acusación oficial. La dependencia afirmó que Gina “N” tenía conocimiento exclusivo de los trámites y la ejecución de dichos pagos.

Ante el proceso penal, la defensa de la exfuncionaria solicitó el sobreseimiento del caso, argumentando que los hechos ya habían sido juzgados dentro del procedimiento abreviado contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. “Se presentó como prueba la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2018 en el Reclusorio Norte, dentro del proceso penal seguido contra Duarte”, expuso su equipo jurídico.

El abogado defensor insistió en que los recursos y pagos a los medios fueron autorizados directamente por Duarte, citando el testimonio del entonces tesorero Tarek Abdala. “Durante su gestión, Abdala declaró que todos los movimientos financieros eran aprobados personalmente por el Gobernador, quien le indicaba qué transferencias realizar fuera de las cuentas concentradoras”, señaló la defensa.

La representación legal también recordó que en la sentencia de 2018 se acreditó que Duarte daba las instrucciones para efectuar los pagos, lo que derivó en una condena de nueve años de prisión y una multa de 990 días por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, el juez federal resolvió que las pruebas presentadas por Gina “N” no demuestran su inocencia ni acreditan que los hechos no ocurrieran. “La declaración del extesorero Tarek Abdala debe ser analizada durante el juicio oral, etapa en la que se valorarán los medios de prueba para determinar la verdad jurídica”, estableció el fallo.

El Tribunal concluyó que el testimonio del extesorero “no puede considerarse prueba suficiente para decretar el sobreseimiento”, pues únicamente acredita que declaró ante el Ministerio Público, pero no que su dicho sea verídico. Además, recalcó que los pagos a empresas se realizaron bajo órdenes de Gina “N”, sin evidencia de la prestación de servicios publicitarios ni soporte presupuestal. Por ello, se resolvió que el proceso penal continúe y que la exfuncionaria enfrente juicio formal.