Un ciudadano originario de Coatzacoalcos que mantiene una huelga de hambre desde el martes, se encadenó a una silla y con la ayuda de otro manifestante cerraron la calle Enríquez frente a palacio de gobierno, para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que avancen las investigaciones y devuelvan los dos terrenos que supuestamente compró en un millón de pesos.

El manifestante Juan Ricardo Ordóñez Jerez exigió una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, debido a que supuestamente recibió amenazas de muerte y teme por su vida.

Juan Ordoñez estuvo acompañado por Gabriel Romero Reyes -éste último ciudadano mantiene un plantón desde hace tres meses en la plaza Sebastián Lerdo para exigir que el Poder Judicial del Estado ayude a devolverle una propiedad heredada por su madre.

Mientras se manifestaba Juan Ordoñez con el apoyo de Gabriel Romero, de palacio de gobierno descendieron funcionarios de la dirección de Política Regional, entre ellos el subdirector de Organización y Funcionamiento Regional, Mayolo Parra Vázquez que invitó a los ciudadanos a dialogar, a fin de abrir paso a la vialidad.

Fue entonces, cuando Juan Ordoñez comenzó a discutir con Mayolo Parra para reclamarle que ha estado manifestándose en los últimos 40 días con una huelga de hambre y tres días sin tomar agua, y no lo habían atendido.

Después de discutir, los manifestantes Juan Ordoñez y Gabriel Romero ingresaron a palacio de gobierno y liberaron la calle Enríquez.

En entrevista con Juan Ordoñez dijo que en 2022 compró dos terrenos con un valor de 500 mil pesos cada uno, pero no los ha podido poseer porque están en litigio, y la parte contraria lo ha amenazado de muerte.

Juan Ordoñez denunció ante la Fiscalía General del Estado pero se ha enfrentado a múltiples irregularidades en el proceso.

“Me han cambiado más de una docena de fiscales, cinco jueces y cinco asesores jurídicos. Han destruido pruebas, omitido evidencias y no hay avances reales. Ya no tengo otra opción más que arriesgar mi salud para que me escuchen”, expresó el manifestante, quien también sufre de una hernia y padecimientos renales que se agravan sin atención médica ni alimentación.

Ordóñez acusa a personas presuntamente implicadas en el fraude —a quienes identifica como José, Yair, Rebeca, Carlos Octavio y Juan Manuel— de estar vinculadas con los fiscales Erick López Guízar y Erick Rivera Sánchez, así como con el exdiputado Gonzalo Guízar Valladares.

“Hace unos meses, mientras paseaba a mis perros, me amenazaron directamente. Me dijeron que si no dejaba el tema, me iban a desaparecer. Desde entonces no duermo tranquilo. ¿Dónde está el Estado cuando más lo necesito?”, reclamó.