XALAPA,VER.,24 de OCTUBRE, 2022._ El Congreso Local rechazó el informe de la cuenta pública 2021 que presentó el Órgano de Fiscalización Superior del estado, ahora tendrá que dar uno nuevo.

El Orfis tiene un plazo no mayor a 90 días naturales para hacer una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021.

Para esto deberá incluir la documentación entregada en la sede legislativa y emitir los correspondientes Informes Individuales e Informe General Ejecutivo que deberán remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que, en los 15 días hábiles siguientes a su entrega, se elabore el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.

La Comisión de Vigilancia expone en el documento su deducción de que el proceso de fiscalización a la Cuenta Pública 2021 resultó deficiente en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de los actos realizados, “hecho que en un futuro pone en riesgo no sólo la legalidad de los informes, sino hasta las acciones consecuentes que resulten de intentar recuperar los montos señalados en cada uno de ellos”, refiere.

Asimismo, añade que debe ejecutarse un dispositivo que permita recuperar la totalidad de lo señalado como daño patrimonial y llevar a cabo los procesos necesarios en el caso de las faltas administrativas, teniendo así el resultado esperado del proceso de fiscalización superior y un efecto de beneficio y bienestar social para las y los veracruzanos.

Por otra parte, indica que de las reuniones de trabajo realizadas observaron numerosas discrepancias entre las aclaraciones, la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones y los montos solventados en las correspondientes revisiones.

En tanto, señalan que, a juicio de la Comisión, hay ponderaciones y metodologías poco claras y convincentes; “a manera de ejemplo, podemos referir que en algunos casos de entes en donde existía conocimiento de denuncias ciudadanas o de alguna autoridad, el porcentaje de los recursos auditados apenas sobrepasó el cincuenta por ciento del total, sin que se tenga información sobre el resto de los recursos”.

“Más grave aún casos donde el porcentaje de las obras auditadas fue aún menor, lo que demuestra, que no se realizó una auditoría eficiente respecto al uso de los recursos públicos”, puntualiza la Comisión.