La empresa Internacional de Contenedores Asociados SA de CV, ICAVE, se niega a pagar el 10 por ciento de participación en las utilidades de la empresa, a un total de 1 mil 300 trabajadores quienes desde abril pasado han sostenido pláticas con la empresa, sin obtener solución favorable.

El despacho Cinta Pagola y Asociados tomó la defensa de los trabajadores y explican que tienen hasta el último día de este mes de mayo para cumplir lo que manda la Ley; pero explican sus abogados que ICAVE sólo accede a pagar como tope el monto de 3 meses de salario: “la interpretación menos favorable al trabajador…” dice el abogado Dani Daniel Osorio Álvarez del bufete de abogados.

Y la delegación federal de Conciliación y Registro en Veracruz como del resto del país, no cuentan con departamento de Conciliación Colectiva, por lo que “hay que iniciar el procedimiento en la Coordinación General de Conciliación Colectiva en la ciudad de México” dice el abogado.

La coordinación “no privilegia los procedimientos en línea (a solicitud de la empresa), y nos cita para este miércoles 25 de mayo en la Alcaldía Tlalpan en la ciudad de México, sin garantía de la comparecencia de la empresa; la multa es insignificante para el tamaño de la patronal, pero sí implica la pérdida de un día de trabajo y gastos altos para acceder al procedimiento por parte de los trabajadores…”
El despacho C6P explica que este procedimiento conciliador “es una condicionante del nuevo sistema de Justicia Laboral para obtener la Constancia de No Conciliación y con este requisito poder demandar, pero es un servicio limitado y costoso para los trabajadores…”
La responsable de la conciliación en México y la negativa del procedimiento en línea, es la licenciada Amalinali Liliana Islas Santiago, quien se niega a hacer el procedimiento en línea desde Veracruz.

En tanto, en días pasados el sindicato de ICAVE que lidera Augusto Crespo Ruiz, Secretario General, se manifestaron en la plaza del malecón de la ciudad de Veracruz, y les recuerdan a las autoridades que “la reforma laboral es para beneficiar a los trabajadores no para el beneficio de las empresas”, como todo en la práctica ha resultado.
El despacho C&P ha solicitado la intervención de la Secretaría del Trabajo Federal por conducto de la Dirección General de Inspectores Federales “ya que conforme a la Ley son ellos los facultados para intervenir a través de una inspección, cuando los Patrones y Trabajadores como en este caso, no lleguen a un acuerdo. Sin que hasta el momento haya recaído acuerdo a dicha solicitud…”

La reforma laboral del 2019 volvió a centralizar en México las demandas laborales “como en los años 80 y eso hace inaccesible la Justicia para los trabajadores en materia de justicia colectiva: dar dos o tres vueltas a la ciudad de México para sólo obtener una Constancia como requisito para poder demandar. El costo es muy alto para un trabajador…” finaliza el abogado Osorio Álvarez.