El caso del vengador anónimo en un autobús de pasajeros en el estado de México, que mató a tiros a cuatro asaltantes y devolvió lo robado a los viajeros, provocó una controversia en la que, con susto, veo más simpatía que censura hacia la conducta de este justiciero.
Hace unos días discutía sobre el punto con uno de mis hijos que, apasionadamente, defendía el acto de autojusticia. Lo he platicado con otras personas, y la inmensa mayoría ven con admiración lo hecho por el anónimo personaje.
Lo cierto es que en este año, así como han aumentado los índices de criminalidad en el país también han aumentado los casos de justicieros ciudadanos. En Octubre, se registraron 30 casos de linchamiento y ajusticiamiento; recuerdo con especial horror el de tres mujeres que mataron a sartenazos en el patio de su casa a un ladronzuelo que se había metido a robarlas.
¿Justicia o barbarie? El artículo diecisiete constitucional prohíbe expresamente ejercer justicia por propia mano, pero los altos niveles de impunidad e incompetencia de nuestras autoridades judiciales y policíacas (apenas un 2% de los casos denunciados se resuelven; en el 98 % de los casos no pasa absolutamente nada) han disparado los índices de autodefensa en todo el país.
Y sí, todos los sabemos: vivimos en un país inseguro, violento, con alta incidencia delictiva, y los ciudadanos nos sentimos inseguros, no confiamos en las instituciones de seguridad y justicia (desconfianza bien ganada), así que se puede entender la simpatía ante estos hechos de autodefensa.
Y en medio de todo esto, un senador aprovecha la corriente y decide presentar una iniciativa para que cualquier mexicano mayor de 18 años, previo un examen de control de confianza, pueda portar un arma y usarla en casos de legítima defensa.
Personalmente, creo que jamás podrá resolverse la violencia con más violencia…medidas de este tipo son “salidas fáciles” que sólo incrementarían el nivel de riesgo de nuestra integridad física, propiciarían el tráfico de armas, abonarían a una cultura de la solución de conflictos mediante la violencia y no el diálogo, y fomentarían, aún más, el desprecio a las instituciones.
Prefiero el camino difícil pero civilizado de exigir o poner en puestos de autoridad a ciudadanos capaces de garantizarnos un Estado de Derecho y leyes, de garantizar la paz social y los derechos humanos. Y eso nos demanda, como ciudadanos, una conducta de participación política y social que hasta hoy, no hemos sabido mostrar.
