Luego de que el Periodista de Isla, Francisco Eusebio Hernández, fuera encontrado golpeado y amordazado en un cañal de Cosamaloapan tras desaparecer el 20 de noviembre, el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García confirmó que también se le investiga por tener una relación con un “Huachicolero”, por lo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas pidió no criminalizar a la víctima.

Aseguró que no se permitirá la agresión a los periodistas y para ello se requiere de la colaboración para aclarar los indicios.
“Hay cuestiones que tiene que aclarar, por su relación con una persona que estaba purgando una condena por "huachicol" y falleció. Que aclare que hacía en la casa de una persona que estaba en la cárcel”.

Ante esto las declaraciones públicas del Gobernador Constitucional de Veracruz, la CEAPP señaló que condenan la criminalización y estigmatización por parte de García Jiménez.

“Como instancia encargada de la atención y protección de los periodistas veracruzanos en razón de su labor profesional, quienes integramos el Pleno de la CEAPP lamentamos que desde su investidura como Gobernador se intente desprestigiar y revictimizar al comunicador que fue agredido en la localidad de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan”.

Respecto a que "el periodista debe aclarar por qué vivía en casa de una persona acusada de huachicoleo", la Comisión le da asesora jurídica de la víctima, por lo que precisaron lo siguiente:

“Al momento de que el periodista fue víctima de los hechos ya conocidos, él prestaba sus servicios profesionales a una estación de radio comunitaria con influencia en municipios de la zona de la Cuenca del Papaloapan y fundada por un empresario de esta región. La sede de este medio de comunicación se encontraba en el mismo inmueble que habitó el empresario ya mencionado. No obstante, cabe señalar que el comunicador ingresó a dicho medio de comunicación a principios de agosto del presente año y es importante precisar que el fundador de la radio y quien presuntamente estaba señalado de dedicarse a la venta ilegal de combustible, falleció en mayo de 2022, es decir, cuatro meses antes de que la víctima tuviera relación laboral con los actuales dueños del medio de comunicación”.

Esta información y los datos sobre el contexto en el que la víctima ejercía su libertad de expresión en la región ya están en poder de la Fiscalía General del Estado, por lo que emitieron un exhorto al gobernador para que evite estigmatizar, denigrar, criminalizar o revictimizar a quienes ejercen el periodismo y a los comunicadores que han sido víctimas de agravios a su integridad y esfera jurídica, esto con base en las múltiples recomendaciones y criterios emitidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su relatoría especial de Libertad de Expresión, así como por otros tratados internacionales en la materia.