Xalapa, Ver. 8 de febrero de 2017.-- El amparo promovido por los abogados del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita quedarán sin efecto, porque denunciaron ante un juez federal que fue "detenido ilegalmente", sin embargo la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la orden de aprehensión a los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortíz informó que los abogados de Bermúdez Zurita presentaron dos juicios de amparo en donde señala que fue víctima de "incomunicación y tortura de parte de quien lo detiene y eso le ha generado una ilegal detención".

Ante esto, dijo el fiscal, los jueces federales ordenaron se suspendiera cualquier acto de incomunicación y tortura y que cesara cualquier detención ilegal.

Pero cuando hay una revisión del caso, faltó que los abogados del acusado definieran si la detención fue derivada de un mandamiento judicial o dentro del proceso judicial.


Sobre la fotografía filtrada a los medios de comunicación y redes sociales, donde aparece Arturo Bermúdez al momento del fichaje cuando ingresa a Pacho Viejo, el Fiscal se deslindó del tema, porque la administración del Centro de Readaptación Social (Cereso) está bajo la Dirección de Prevención y Reinserción Social y no de la Fiscalía.

Descartó que la publicación de esta fotografía afecte el proceso legal del ex funcionario porque “No se está haciendo hacia su dignidad humana ningún escarnio”.
Recordó que Bermúdez Zurita está sujeto a una vinculación de proceso porque se le imputa el delito de enriquecimiento ilícito y anteriormente fue sujeto a vinculación por Tráfico de Influencias y Abuso de Autoridad en noviembre del 2016.

Con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, explicó el Fiscal, se permite presumir impunidad, pero esto no es así, porque la Reforma al 19 Constitucional que tiene boga desde hace varios años, pero que ha tardado en implementarse en algunas partes del país, implica que sólo un listado de delitos sean calificados como graves y respecto de estos será necesaria la prisión preventiva.
Esta Reforma al 19 Constitucional da a entender que fuera de delitos como secuestro, violación, delincuencia organizada y demás, todos los delitos restantes ameritarían que a la personas que se les imputa un hecho delictivo tuvieran que estar en libertad.
Agregó que no obstante hay condiciones de excepción que permiten que un delito no considerado grave por la constitución justifiquen una prisión preventiva necesaria.


En el caso de Bermúdez, dijo el Fiscal señala una excepción en el artículo 19 Constitucional en el que refiere que aquella persona que esté vinculado a dos procesos, será sujeta a prisión preventiva, lo mismo se reitera en el código nacional de procedimientos penales. Afirmó Jorge Winckler.

Arturo Bermúdez está vinculado a un proceso inicial por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias y sus medidas cautelares concedidas por el juez en noviembre del año pasado, fue dar una caución de un millón de pesos y presentarse periódicamente al juzgado para seguir su proceso en libertad porque así lo mandata la constitución, refirió el fiscal.

Agregó que “Ahora bien al encontrarse elementos que permiten suponer que él es responsable de otro hecho ilícito se pidió una nueva imputación en relación a un delito tipificado como enriquecimiento ilícito”.


Además, refirió el Fiscal, sustentado en este delito y a petición de los abogados, Arturo Bermúdez renunció al término constitucional de 72 horas del derecho de ofrecer pruebas, y pidió que en ese momento se resolvería su situación jurídica.

“Y pidió que se resolviera si se vinculaba o no a proceso. La juez de control analizando las pruebas que aportó la Fiscalía justificó vincularlo a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito y sustentado en que era el segundo tema por el cual estaba vinculado justificó la prisión preventiva necesaria y determinó que él mantuviera su reclusión ese es el tema”, puntualizó Jorge Winckler.

En el presente, dijo el abogado de los veracruzanos, Arturo Bermúdez ha alegado al presentar dos juicios de amparo en donde señala incomunicación y tortura, de parte de quien lo detiene, en este caso la Fiscalía y que eso le ha generado una ilegal detención.

Agregó que los jueces federales evidentemente ordenaron que se suspendiera cualquier acto de incomunicación y tortura y ordenaron que cesara cualquier detención ilegal.

El Fiscal aclaró “lo que no informan los abogados del señor Bermúdez es que en el mismo acuerdo de Juzgado de Distrito señala que si la detención deriva de mandamiento judicial o se le hace dentro de un proceso judicial, la suspensión no procede”.

Agregó que “Él está negando actos fuera de juicio que evidentemente en esta etapa procesal ya no están los actos que le están privando de manera provisional de su libertad son actos dentro de un procedimiento eso es lo real”.

Jorge Winckler explicó que Arturo Bermúdez sería puesto en libertad si él estuviera detenido por autoridad administrativa, cómo sucedía anteriormente cuando un ciudadano promovía amparo al ser detenido por la policía y no lo entregaba al juez o al ministerio público.

“Evidentemente estás privado de tu libertad de manera injusta y los jueces federales por así establecerlo ordenaban o que se pusiera en disposición inmediata del juez o te dejaran en libertad en este caso, él nunca ha estado detenido ilegalmente, está detenido por orden judicial, derivado de una vinculación a proceso y justificando una prisión preventiva”.

Además, puntualizó el fiscal, la detención de Arturo no es un acto administrativo en el que es detenido de manera injustificada.

“Si leen los acuerdos de suspensión que los hicieron públicos los abogados del señor Bermúdez, que si la detención deriva de mandamiento judicial eso no procede”, finalizó.

Aun cuando en redes sociales los ciudadanos señalan Bermúdez Zurita como autor intelectual de las desapariciones forzadas en Veracruz, hasta el momento no hay denuncias formales contra el ex secretario de Seguridad Pública.

Sin embargo, refirió el Fiscal este delito se persigue por oficio, así que iniciaron una carpeta de investigación por el caso de los cinco jóvenes de Tierra Blanca desaparecidos en Tierra Blanca en enero del año 2016 y el cantante de la Voz México, Gibrán Martiz desaparecido en enero del 2014.

“Obvio hay delitos que se deben investigar de manera oficiosa, este es uno de ellos, pero mientras más datos de prueba nos ofrezcan va a ser más fácil llegar a una verdad”

Caso Gabriel Deantes

Sobre el ex secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Gabriel Deantes Ramos señalado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, el fiscal informó que debe cumplir con las condiciones establecidad por el juez de control al darle su libertad

“Él tiene la obligación de presentarse periódicamente y de entregar una cantidad económica que le fue notificada, porque el delito que se le imputa no es considerado como grave, si él llegara a incumplir, la ley señala qué sucede cuando una persona incumple”, explicó.


Caso César del Ángel


El Fiscal informó que en el caso del líder de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes se le atribuyen delitos que por su connotación también justifican la prisión preventiva necesaria, aun cuando no estén en el catálogo de delitos del 19 Constitucional como secuestro, narcotráfico y son interpretados como graves.

En el caso de esos delitos, solamente un juez de oficio puede quitar la medida de prisión, fuera de esos delitos la fiscalía tiene que justificar con argumentos y datos de prueba las condiciones que permitirían que una persona se sustrajera de la acción de la justicia y ello permitiría que se resarciera el daño que causo a la sociedad, detalló.

“En este caso, del señor César del Ángel se justificó la prisión preventiva, la juez de control así lo decretó y hasta este momento no ha sido modificada por ninguna autoridad”, dijo.

Cuerpos Humanos hallados en el sur
El Fiscal informó que una vez que la secretaría de Seguridad Pública hizo del conocimiento a la FGE y puso a disposición los cuerpos encontrados en la carretera San Andrés – Santiago Tuxtla, abrió una carpeta de investigación y fueron detenidas dos personas.

En el caso de Cosamaloapan, en el que se encontró una persona sin vida, también se abrió una carpeta de investigación, se harán las pruebas periciales correspondientes para establecer quienes son las personas privadas de sus vidas.

“En algunos casos fueron identificados por sus familiares y se está en espera de que se les identifique y se descarte que se trata de los Marinos que aún se sigue investigando”, dijo.


Derechos Humanos

El Fiscal adelantó que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez le informó que le harán llegar una recomendación contra servidores públicos de la FGE.

Finalmente Jorge Winckler negó que en la Fiscalía se hayan realizado despidos de empleados, porque lo único que hicieron fue no renovar los contratos de personal, debido a que había un gasto fuerte en gasto corriente.

“No ha habido ningún despido, el hecho de ya no recontratar a personal que se le vence el contrato, no significa despedir, simplemente es no recontratar, en materia económica es complicado, el presupuesto estaba destinado de 10 pesos 9 se iban a gasto corriente, a nómina, y tenemos que ser más eficaces”, fianlizó.